El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

El Fiscal Murray apeló la falta de mérito dictada a los ocho productores detenidos

El fiscal federal de San Nicolás Juan Murray apeló hoy la falta de mérito con la que fueron favorecidos ocho productores rurales de San Pedro, acusados de cortar la ruta 9 y quemar pastizales durante una protesta el 30 de mayo pasado, en el marco del conflicto agrario.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal apeló la resolución con la que días atrás el juez Carlos Villafuerte Ruzo había dictado la falta de mérito del dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro Raúl Victores, de su hijo, Rufino, y de los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini.
La apelación fue presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, de acuerdo con lo informado este martes.
Para el fiscal hay pruebas suficientes como para procesarlos por el delito de "incendio doloso" y por la interrupción de la ruta 9 en el marco de un piquete.
Según el Código Penal, la figura de "incendio doloso" prevé una pena de 3 a 10 años de prisión, en tanto que por interrumpir una ruta nacional el delito estipula 2 años de cárcel como máximo.
Además, también se basó en numerosas declaraciones testimoniales, de personal civil y de las fuerzas de seguridad, que habrían dado por probados los hechos denunciados.
El hecho se originó el 30 de mayo pasado cuando los ocho ruralistas fueron detenidos por el grupo Albatros de Prefectura Naval, la cual actuó de oficio, acusados de realizar un piquete sobre la ruta 9.

[Información Agencia Noticias Argentinas. Foto gentileza testigos del hecho: El 30 de mayo pasado, durante la detención de uno de los productores.]