El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

La Justicia acepta un amparo sobre prevención de SIDA en cárceles de la zona


Una información publicada en la edición de este lunes del diario Página/12, da cuenta de un fallo judicial en el que se acepta un amparo presentado por el defensor general , Gabriel Ganón, para que los presos de cuatro cárceles bonaerenses puedan protegerse del contagio del VIH, sepan cómo hacerlo y sean tratados como corresponde si son portadores fue apelado por el gobierno provincial por cuestiones jurídicas formales que no hacen a la cuestión de la salud.
El matutino señala que "el amparo había sido presentado en la primera mitad del año pasado. Página/12 publicó en julio de 2006 la presentación del amparo solicitado por Ganón y que dejaba en evidencia que en las unidades 3 de San Nicolás, 13 y 16 de Junín y 21 de Campana, los presos contagiados con VIH son parias entre los parias".
El diario hace hincapié en la actuación del Dr. Carlos Rotundo: "El amparo ya había sido apelado en 2006 por el subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo. En su apelación Rotundo aceptó que había un solo médico infectólogo, que no existían estudios poblacionales, que no se realizaba en forma sistemática el análisis para detectar el virus y que no se tenía la menor idea de cuántos presos estaban contagiados de sida".