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De tal forma, se completó una semana de reclamos a las obras sociales ante lo que consideran "un ajuste en discapacidad".
Los involucrados plantearon su malestar por un nuevo retraso en los pagos, habitualmente con una demora de hasta tres meses desde el momento de la prestación.
Desde la Superintendencia de Seguros de Salud explicaron en la semana, publicó el diario "Ámbito Financiero", que "se endurecieron los controles sobre los prestadores de servicios para discapacitados".
La confrontación se agudizó con el agotamiento de un fondo específico que nutre a las obras sociales para el reintegro de esos servicios aunque desde el Ejecutivo Nacional negaron algún retraso en los pagos, y ratificaron que hasta fin de año habrá partidas especiales para garantizar las coberturas.
