Marcha por el #8M: reclamos a la Justicia y al poder político (Video)


La movilización convocada por la multisectorial que integran agrupaciones de mujeres y diversidades con motivo del paro del #8M convocó a centenares de personas que expresaron consignas en reclamo de acciones concretas de la Justicia y el poder político. 

En un año en el que la pandemia significó una disminución de todos los delitos, menos los femicidios, la exigencia de un compromiso cierto de todos los actores de la sociedad fueron el eje central. 

La manifestación partió de la esquina de la Municipalidad de San Pedro (Pellegrini y 9 de Julio) y tras recorrer la zona céntrica, llegó hasta la sede de la Fiscalía, en calle Saavedra. 

Este es el texto completo del documento elaborado por la Multisectorial: 

"Este 8M decidimos volver a las calles, que no vamos a soltar, porque sabemos que nuestras luchas y nuestras victorias se dan en este espacio. Este 8 de marzo decidimos parar en todo el mundo, para hacer temblar la tierra otra vez, para poner en la calle nuestras demandas, para decirle basta a la justicia patriarcal y a la policía que nos dispara.

Este 8 de marzo, después de un 2020 atravesado por la pandemia y la pobreza generada en muchas familias por el no poder trabajar, salimos otra vez a la calle porque sabemos lo que es ponerle el cuerpo a la lucha de ganar el pan todos los días para que nuestros pibes tengan de comer. Porque queremos confrontar la precarización de nuestras vidas y la explotación a las que somos sometidas en jornadas sin límites y por la inflación promovida por las corporaciones. 

Somos mujeres diciendo que no vamos a pagar la crisis económica mundial con nuestros cuerpos ni nuestros territorios. Queremos parar, interrumpir, decirle basta a la normalidad de esta máquina mundial de acumular pobreza. Queremos la autonomía económica, queremos soluciones reales, queremos un estado presente.

Exigimos al Estado que garantice tierra, techo y trabajo para todas las que siempre hemos sido postergadas. Necesitamos programas de viviendas que den cumplimiento a una de nuestras necesidades básicas. Exigimos que a ello se destinen los recursos del Estado y no a sostener los aparatos represivos que recaen sobre nuestros cuerpos cuando movidas por la necesidad de garantizar un techo a nuestras familias, nos vemos obligadas a tomar terrenos, como ocurrió en Guernica o acá nomás, a unas cuadras, en Dávila y Cruz Roja, hace dos años, bajo la gestión del actual intendente Cecilio Salzar. El problema habitacional que nos aqueja es ahora, es urgente. 

Decimos que el Estado es responsable y por ello le pedimos al gobierno de Alberto Fernández la declaración de la Emergencia Nacional en cuestiones de género. Necesitamos políticas reales en territorio para llegar a cada mujer, políticas transversales que no duerman en los pasillos del ministerio.

Exigimos salarios y jubilaciones que le ganen a la inflación y que los subsidios a las mujeres en situación de violencia sean entregados de forma inmediata: la burocracia no hace más que revictimizar y pone en riesgo permanente a las víctimas. Exigimos además el reconocimiento salarial de las promotoras territoriales y de género: trabajadoras somos todas.

Por estas consignas, entre otras, seguimos en la calle, nuestro territorio de lucha. En estas calles ganamos el aborto legal, seguro y gratuito, un hito que nos vuelve a demostrar que la lucha es colectiva y que los derechos se ganan dando pelea ante los poderes reales. Hoy garantizamos en todo el país que las mujeres y los cuerpos gestantes tengan el derecho a decidir. Porque la maternidad, compañeras, será deseada o no será.

Por ellos exigimos la urgente implementación de la Ley en todo el territorio nacional. Basta de excusas, nuestros cuerpos, nuestras decisiones. 

Hoy salimos a pelear nuevamente para que dejen de matarnos. En los dos primeros meses del 2021, un total de 69 mujeres, travestis o trans fueron asesinadas, con la espeluznante cifra de una muerte violenta cada 21 horas. Si contamos solo femicidios, trans o travesticidios, una mujer es asesinada cada 30 horas. 

La mayoría de estos femicidios se dieron en la provincia de Buenos Aires, en la mayor cantidad de casos en manos de la pareja o ex pareja de las víctimas. El 29% de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor previamente. El 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral. El 4% tenía botón antipánico. 



Esto demuestra una vez más que cuando las mujeres asistimos como denunciantes al Poder Judicial, nuestro testimonio no es tomado con la urgencia que amerita, y que esta desatención de la Justicia nos cuesta la vida. Desde hace tiempo venimos señalando la necesidad urgente de una verdadera reforma judicial que, para empezar, recupere la voz de las denunciantes en cada caso particular. Queremos que el poder judicial llegue a tiempo, con capacidad para prevenir los delitos que tantas veces son denunciados y desoídos. Queremos que las voces de las personas que denuncian sean escuchadas y no revictimizadas. 

Necesitamos el cumplimiento efectivo de la capacitación en género que impone la Ley Micaela pero que no se implementa en todos los territorios de igual modo y que en muchos casos se limita a un pequeño curso que poco tiene que ver con las prácticas cotidianas de cada trabajadore, funcionarie y/o magistrade. Sin ir más lejos la propia Corte Suprema de la Nación hace oídos sordos al llamamiento para llevar a cabo la capacitación.

Necesitamos una justicia con perspectiva de género, que nos ampare y nos proteja, que nos crea, que nos escuche, que avance sobre los victimarios. 

Necesitamos también que el gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni impulsen de manera urgente una reforma estructural de la Policía Bonaerense. Hoy, la fuerza policial tiene entre sus filas a más de 6 mil denunciados por violencia de género, de los cuales el 80 por ciento sigue en funciones. En muchos casos, como vimos en el femicidio de Úrsula Bahíllo, en Rojas, o en el de Graciela Funes, en General Madariaga, por citar dos casos recientes, los femicidas eran efectivos policiales con denuncias por violencia de género y/o abusos, que habían sido licenciados con goce de sueldo con carpeta psiquiátrica pero tenían aún el arma reglamentaria. 

Cabe aclarar, además, que, sin son 6 mil las denuncias, deberíamos multiplicarlas vaya a saber por cuánto, porque como también el caso de Úrsula deja al descubierto, no siempre a las víctimas se les reciben las denuncias, y mucho menos cuando el victimario pertenece a la misma fuerza que debe hacerlo. La revictimización a la que son sometidas quienes pretenden denunciar también es un mecanismo de protección de los violentos, y "ayuda" a las estadísticas de Berni. 

En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar firmó el decreto que crea la subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad. Este ha sido un reclamo sostenido por todo el arco feminista local que también debemos celebrar como un logro de la lucha en las calles. Celebramos la conformación del área pero recordamos que las políticas de género deben ser transversales a toda la administración local, así como a la provincial y nacional.

El Ni Una Menos no cierra sin políticas públicas. Exigimos que les profesionales y administratives que se desempeñen en el área cuenten con la formación en género y diversidades sexuales que les permitan no solo la empatía sino el poder brindar soluciones concretas y reales a las víctimas. Para ello, pedimos que haya concursos abiertos y poder conocer la formación y trayectoria de cada profesional y/o empleade del área.

Necesitamos conocer cuál será el presupuesto con el que contará la subsecretaría y conocer luego cómo fue ejecutado el mismo. Necesitamos que el Estado local esté presente para las victimas y su resguardo.

El Estado es responsable y como tal nuestras demandas y reclamos apuntan a las distintas instancias que integran los tres poderes. Pero este 8 de marzo también queremos hablarle a los varones, porque el Ni Una Menos tampoco cierra sin el compromiso de todes. Es imperioso y urgente que asuman su rol dentro e este sistema que se garantiza y se sostiene con nuestros cuerpos. No necesitamos aliades ni que digan y repitan que jamás harían daño a una mujer porque tienen madre, hermanas, abuelas y hasta hijas, como quien enumera propiedades que tiene que cuidar.

No necesitamos que nos cuiden: necesitamos que no nos maten, que no miren para otro lado ante la violencia, que no cubran al amigo violento ni al que hace chistes misóginos, ni al que maltrata y denigra a su pareja; ni al que insulta o reproduce estereotipos de género. Basta de justificar abusos. Basta de decir que no son femicidas o violadores, como buscando la felicitación.

Cuestionar el sistema, tirar el patriarcado implica poner fin a sus privilegios, sin esa deconstrucción nunca habrá ni una menos. 

En San Pedro nos mataron a Florencia, a Natalia, a Mariela y a María Esperanza. En el país nos matan compañeras todos los días, nos desaparecen pibas a diario, nos violan, y castigan nuestros cuerpos con golpes e insultos. Por todas ellas y por nosotras salimos a la calle. Porque ni una menos es un grito colectivo al que no callan los barbijos, porque nosotras ya aprendimos que no nos vamos a callar más.

¡Arriba el feminismo que va a vencer!"