Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich , solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la contadora María José Pucurull por el delito de defraudación por administración fraudulenta . La imputada, con domicilio en San Pedro, está acusada de haber provocado un perjuicio económico superior a los 111 millones de pesos contra la firma Hongos del Pilar S.A. mientras se desempeñaba como jefa de Administración. De acuerdo a la requisitoria presentada ante el Juzgado de Garantías N° 6 , la maniobra delictiva se ejecutó en un periodo de 51 días hábiles bancarios , entre octubre y diciembre de 2024. La fiscalía sostiene que Pucurull aprovechó su cargo y el acceso al home banking de la firma para desviar 19 cheques electrónicos (e-cheqs) por un monto de $108.967.993,19 , los cuales fueron acreditados en su cuenta personal y en la de una empresa tercera que no mantenía vínculos comerciales con la damnificada.

Detenido con pedido de captura por un homicidio del 2006

Personal policial que recorría la zona céntrica de la ciudad intentó ayer identificar a dos personas. De acuerdo a lo informado desde la Comisaría local, demostraron actitud hostil, resistiéndose al procedimiento e intentando agredir a los uniformados.
Tras su aprehensión, constataron que uno de ellos registraba pedido de captura activa por una causa de "Homicidio calificado" del año 2006, a requerimiento de la Fiscalía de San Nicolás.

Posteriormente, trascendió que se trata de Nazareno Branto, imputado y condenado por el asesinato del agente penitenciario Juan Carlos Dumbsky, en un asalto a un minimercado en Baradero en octubre de 2006.
Lo llamativo del caso es que Branto estuvo en San Pedro y se puso a disposición de la Justicia cuando apareció mencionado como sospechoso del crimen del policía Nelson Lillo, por el que finalmente fue detenido su padre, Roberto Gerardo Branto Ayala.
La policía aguarda las resoluciones que adopte la Justicia en relación a la situación procesal del aprehendido.