La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, sostuvo esta mañana que el desalojo realizado en los terrenos de Dávila y Cruz Roja, se desarrolló "dentro de lo previsto". En tal sentido, aclaró: "Sabíamos que iba a estar más complicado porque las personas que estaban ahí venían amenazando con lesionarse a si mismos, o prenderse fuego. La saturación policial es el método que marcan los protocolos cuando la posición es tan negativa".
En relación a la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, aclaró: "Este desalojo es de público conocimiento cómo se viene desarrollando. Recién ayer, luego de que salgo de un debate, tengo una comunicación con el Dr. Diego Solanas, de la Deensoría del Pueblo, que manifiesta la duda que tienen en La Plata, porque habría algunas casillas en el inmueble a desalojar y otras que no".
En los últimos días, publicaciones en las redes sociales realizadas por referentes de movimientos sociales coincidieron con las afirmaciones de algunos de los ocupantes ilegales, que sostienen que el dueño de uno de los terrenos usurpados no realizó ninguna denuncia. En consecuencia, no debía desalojarse.
"Estas cuestiones debieron plantearse en tiempo y forma en la causa. El procedimiento se realizó en el marco de la escritura que teníamos sobre los derechos de propiedad de las 11 personas que forman una cooperativa. No se tuvo nunca conocimiento formal de que había casillas en un inmueble adyacente o contiguo. Estos son dichos que conocimos ayer verbalmente y recomendamos que hagan tener conocimiento al Juzgado de Garantías" indicó Ramos.
En relación al procedimiento de esta mañana, expresó que "es lógico pensar que, con la orden que tenía la policía, iba a ser muy difícil que discrimine quienes estaban en cada lugar, sobre todo considerando que se hizo una especie de censo en el lugar, y ninguna se avino a notificarse, y mucho menos informó que estaban en tratativas con el dueño".
La instructora de la causa consideró que "si no habìa una presentación formal de parte de los usurpadores o algún representante, no teníamos manera de saberlo; no es responsabilidad de la policía, que no tenía conocimiento sobre esta situación".
Además, precisó que "teníamos orden de Procuración y de la Fiscalía General para acelerar los plazos, porque en otros casos, la orden de desalojo se notifica a la Defensoría General, que hace una especie de análisis y recurre esta orden, lo que implica una demora en los plazos"
Foto Mariano Hansen
