Martilleros sampedrinos promocionan créditos hipotecarios pero desde otros sectores advierten que son buenos solo con estabilidad

La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro dio a conocer un comunicado de prensa en el que compartió "algunas de las inquietudes sobre las que se propone trabajar durante los próximos meses a la espera de que se concreten algunas de las reuniones solicitadas para no demorar la exposición sobre cuestiones muy importantes para la continuidad de los proyectos privados que están en marcha". Entre otros puntos, consideran que "ante la reducción o eliminación de la obra pública, la ejecución de proyectos privados aporta no solo mayores oportunidades para quienes deseen invertir en bienes durables, sino también para activar la oferta a favor de quienes están buscando viviendas para alquilar o comprar".

Tres años de prisión a Federico Cardoso por estafa y usurpación de título

El abogado Federico Cardoso fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, con costas.
La pena fue acordada en un juicio abreviado entre el Fiscal Hernán Granda y el defensor de Cardoso, Dr. Cristian Pérez, de la Defensoría Oficial.
El letrado sampedrino fue encontrado penalmente responsable de 6 hechos de estafa, 2 de retención indebida, defraudación por remuneración pretextada a un Juez o funcionario, defraudación por retención indebida y usurpación de títulos y honores en concurso real.

Durante dos años, además, quedará al cuidado del Patronato de Liberados y deberá realizar un tratamiento psicológico en el Hospital u otra institución de bien público, previa acreditación de su necesidad y eficacia.
Cardoso había sido denunciado en el año 2016 por pedir, a través de mensajes de whatsapp, dinero a sus clientes para pagar una supuesta coima al Fiscal Marcelo Manso para que dejara en libertad a un detenido.
Un allanamiento en su estudio y su vivienda permitió que el caso se hiciera público, lo que multiplicó las denuncias en su contra. Entre otras situaciones que llegaron a instancia judicial, se encuentran denuncias por pedido de dinero para cumplir con trámites que en realidad nunca se completaron, o quedarse con fondos de cuotas alimentarias.
La condena por "usurpación de títulos y honores" tiene que ver con el ejercicio de su profesión aún con la matrícula suspendida desde febrero del año 2014, una situación que él mismo se encargó de desmentir públicamente en su momento.
Para las víctimas, se abre ahora la instancia de los juicios civiles para lograr una compensación por el daño provocado.