La ex concejal Cecilia Vásquez presentó una denuncia penal contra el Intendente Cecilio Salazar, los Secretarios Silvio Corti, Mario Sánchez Negrete, y Jonathan Galván, concejales y consejeros escolares.
La materia criminal de la denuncia es "falsedad ideológica de instrumentos públicos, malversación agravada, peculado, dádivas y encubrimiento".
La presentación fue realizada por el abogado Pablo Visca ante la Fiscalía 9 de Baradero, como subrogante de la UFI 11 de San Pedro.
El primero de los puntos denunciados apunta a 17 presuntas falsedades ideológicas de instrumentos públicos, por la confección de decretos otorgados por el Departamento Ejecutivo en los que "se afirma falsamente la vigencia de la ordenanza 6169/16, que declara el estado de emergencia administrativo, económico y financiero de la administración pública municipal del partido de San Pedro".
Se trata de la ordenanza que permite la desafectación de fondos.
"Todo este itinerario de falsedades, comenzó aproximadamente el día 04 de agosto de 2016, inmediatamente de concluir la vigencia temporal de dicha ordenanza (08/07/2016).Sin perjuicio de dicha falta de vigencia, el D.E.M. continuó decretando en al menos esas 17 ocasiones) desvíos de fondos afectados legalmente, a las cuentas de ingresos generales del municipio con el objeto de procurar impunidad ante los órganos de control administrativo y poder sustraer o pecular todo o parte de dichos fondos" expresa la denuncia.
Vásquez y Visca sostienen que "el monto de la malversación instrumentada, por los decretos citados fuera de la vigencia de la ordenanza que la justifica, asciende a la suma de $103.630.880,95, desde el 04/08/2016 al 27/11/2017".
El monto "coincide – millón más millón menos – con el total del déficit de las cuentas públicas municipales del ejercicio correspondiente al año del señor y electoral de 2017" agregan.
Fondos afectados
El punto 2, habla de "plausibles delitos conexos", con el uso de fondos afectados.
En concreto, apuntan a documentación que muestra que, según actos de la administración, se destinaron $1.000.000 a proveer de internet a todos los establecimientos educativos de San Pedro, durante el año 2017. La misma documentación indica que durante 2016 se destinó esa misma cifra para ese mismo cometido. "Una pesquisa personal, consistente en información recabada de personas, que trabajas en algunos establecimientos, me indicaron que en realidad nunca tuvieron internet o, las
que tienen fueron proveídas por las asociaciones cooperadoras o asociaciones de padres" puntualiza Vásquez.
Asfalto y pelotas
También argumentan que dos decretos vigentes hablan de la misma obra de asfaltado de 12 cuadras con 40 días de diferencia. "El Decreto 161 del año 2017 y el 348 son gemelos. En los dos, asfaltaron las mismas 12 cuadras en San Pedro. Por el monto de las cuadras es un simple mejorado: 120 mil pesos cada uno de Aulí, entre Belgrano y Manuel Iglesias.
"En realidad creemos que lo que se hizo fue un mejorado, pero no dos veces sino una solas vez. Muestra un posible peculado, ya que el monto de uno de los asfaltados fue sustraído del presupuesto sin causa o con una causa falsa. Este monto resulta de los afectados por ley provincial (fondo sojero)" afirma Vásquez.
El destino de 215 pelotas adquiridas por el Fondo Deportivo es también parte de la denuncia. La denunciante afirma que el club "El Porvenir" debía comprarlas y distribuirlas entre otras instituciones, pero que en realidad se repartieron durante la campaña electoral de Iván Paz.
Funcionarios y proveedores
Además, acusa al Secretario de Servicios Públicos Municipal, Ariel H. Álvarez, y el Sub Secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Camiletti, de cobrar ítems como proveedores municipales. También responsabiliza como "encubridor de malversaciones" al presidente del Consejo Escolar, Gustavo Liloff, por "inacción y complicidad" pese a los reclamos de la UEGD.
A las ya públicas situaciones que surgieron en la rendición de cuentas, se agregan la falta de precisiones sobre el uso del fondo de seguridad y el viaje del Intendente Cecilio Salazar a Estados Unidos, al que la denunciante presume como "dádivas" de empresarios privados.
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