Martilleros sampedrinos promocionan los nuevos créditos hipotecarios y afirman que dinamizarán el mercado

La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro dio a conocer un comunicado de prensa en el que compartió "algunas de las inquietudes sobre las que se propone trabajar durante los próximos meses a la espera de que se concreten algunas de las reuniones solicitadas para no demorar la exposición sobre cuestiones muy importantes para la continuidad de los proyectos privados que están en marcha". Entre otros puntos, consideran que "ante la reducción o eliminación de la obra pública, la ejecución de proyectos privados aporta no solo mayores oportunidades para quienes deseen invertir en bienes durables, sino también para activar la oferta a favor de quienes están buscando viviendas para alquilar o comprar".

Abusos en un jardín: Investigan la participación de un sacerdote

El avance de la causa que investiga los presuntos abusos a pequeños alumnos del jardín “Belén” dio un giro importante a partir de la incorporación de nuevas denuncias en los últimos días. 
Cuatro de los abusos son investigados por la UFI 9 de Baradero, a cargo del Dr. Hernán Granda. La primera de las denuncias quedó radicada en la UFI 10 de San Nicolás, cuya titular es la Dra. Bisetti. 

La principal novedad está vinculada con la posible participación en los hechos denunciados de un sacerdote. En concreto, la persona mencionada en las denuncias es el padre Tulio Matiussi, hasta hace pocos días apoderado legal del establecimiento. 
Desde la Fiscalía 9 solicitaron que tomaron contacto con las autoridades del Obispado para pedir que el sacerdote no estuviera en contacto con la comunidad educativa hasta tanto se produzcan avances en la causa. Por tal motivo, en las últimas horas se confirmó que Matiussi no es más el representante legal, cargo que ahora absorvió Carlos Miri, vicario general y administrador general del Obispado. 
La causa tenía como primer imputado a un empleado del establecimiento, que desempeñaba tareas como portero. También en este caso se lo apartó, antes de fin de año, preventivamente de su cargo. 
La carátula, por el momento, es “Abuso sexual simple”, ya que no se detectaron signos de lesiones en las víctimas. Sin embargo, hay un agravante previsto en el Código Penal, porque los imputados son responsables del culto, la educación o la guarda. 
La pena que puede caerles, en caso de comprobarse los delitos denunciados, va de 3 a 10 años de prisión. De todos modos, restan todavía pasos fundamentales en la instrucción, entre ellas las cámaras de Gesell a las víctimas.