Conductor alcoholizado circulaba en contramano en calle Mitre

Uno de los operativos dinámicos realizados en conjunto por inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro y la Estación de Policía Comunal permitió interceptar esta madrugada a una camioneta Volkswagen Saveiro que circulaba en contramano por calle Mitre.  El conductor, un hombre de 42 años, oriundo de Carlos Casares, estaba alcoholizado, de acuerdo a lo que pudieron constatar las autoridades, que debieron controlarlo luego de que "alterara la paz pública" según el informe oficial. 

Abusos en un jardín: Investigan la participación de un sacerdote

El avance de la causa que investiga los presuntos abusos a pequeños alumnos del jardín “Belén” dio un giro importante a partir de la incorporación de nuevas denuncias en los últimos días. 
Cuatro de los abusos son investigados por la UFI 9 de Baradero, a cargo del Dr. Hernán Granda. La primera de las denuncias quedó radicada en la UFI 10 de San Nicolás, cuya titular es la Dra. Bisetti. 

La principal novedad está vinculada con la posible participación en los hechos denunciados de un sacerdote. En concreto, la persona mencionada en las denuncias es el padre Tulio Matiussi, hasta hace pocos días apoderado legal del establecimiento. 
Desde la Fiscalía 9 solicitaron que tomaron contacto con las autoridades del Obispado para pedir que el sacerdote no estuviera en contacto con la comunidad educativa hasta tanto se produzcan avances en la causa. Por tal motivo, en las últimas horas se confirmó que Matiussi no es más el representante legal, cargo que ahora absorvió Carlos Miri, vicario general y administrador general del Obispado. 
La causa tenía como primer imputado a un empleado del establecimiento, que desempeñaba tareas como portero. También en este caso se lo apartó, antes de fin de año, preventivamente de su cargo. 
La carátula, por el momento, es “Abuso sexual simple”, ya que no se detectaron signos de lesiones en las víctimas. Sin embargo, hay un agravante previsto en el Código Penal, porque los imputados son responsables del culto, la educación o la guarda. 
La pena que puede caerles, en caso de comprobarse los delitos denunciados, va de 3 a 10 años de prisión. De todos modos, restan todavía pasos fundamentales en la instrucción, entre ellas las cámaras de Gesell a las víctimas.