Protocolo ante amenazas de bomba: La Escuela Normal retoma la evacuación a plaza Belgrano

La Brigada de Explosivos dependiente del Ministerio de Seguridad confirmó que desde este miércoles no tendrá presencia permanente en el distrito.  Ante esta situación, el equipo de conducción de las instituciones que integran las unidades académicas 118 y 119 (Escuela Normal) anunció a las familias de los alumnos que retomarán "los planes de evacuación previstos por cada nivel". Durante algunos días, la evacuación se realizó hacia los patios internos del establecimiento, a la espera de una revisión del edificio por parte de los especialistas. 

Fallo favor del Centro de Comercio por tasa a distribuidores en Baradero

El Centro de Comercio e Industria confirmó que la Justicia dispuso la suspensión de la ordenanza 5041/14 que aplicaba una tasa por servicios indirectos a los distribuidores de mercaderías foráneos. 
La regulación rige para aquellos que no tuvieran local o depósito en ese partido y afectaba fundamentalmente a decenas de comercios de San Pero que realizan transacciones comerciales en la vecina ciudad.
La medida cautelar afecta exclusivamente a la firma Sigismundi S.A. que, patrocinada por el estudio Aldazabal, recurrió a la Justicia.

En su momento, el Intendente Aldo Carossi explicó que la regulación surgió por un pedido del Centro de Comercio de Baradero ante lo que consideraba una competencia desleal. En noviembre de 2014 cargó contra quienes efectuaban el reclamo: "En los distribuidores más chicos puede representar el 1% de lo que ganan y Sigismundi, Echeverria y Esteban Greco que son los que más gritan ni pagan ni el 0,5%". 
 El siguiente es el comunicado del Centro de Comercio emitido esta tarde: 

“La Justicia puso las cosas en su lugar 
A fines del 2014, el Municipio de Baradero dispuso mediante ordenanza 5041/14, el cobro de una “Tasa por Servicios Indirectos" a los distribuidores de mercaderías foráneos y que no tengan local o deposito en ese partido. 
 Nuestra entidad, atendiendo el justo reclamo de sus asociados, cuestionó la legalidad de esa medida ante el municipio sin obtener respuesta. 
Es por ello que se solicitó la asistencia de las cámaras superiores y en igual sentido, la Cámara Argentina de Comercio emitió un contundente y fundamentado pronunciamiento al respecto que tampoco fue tenido en cuenta. 
Finalmente, la Justicia puso las cosas en su lugar, declarando la suspensión de esa norma. Es lamentable que deba llegarse a estas instancias que demandan tiempo y dinero de los afectados, para frenar el afán recaudador de los distintos estamentos de la administración pública”.