Protocolo ante amenazas de bomba: La Escuela Normal retoma la evacuación a plaza Belgrano

La Brigada de Explosivos dependiente del Ministerio de Seguridad confirmó que desde este miércoles no tendrá presencia permanente en el distrito.  Ante esta situación, el equipo de conducción de las instituciones que integran las unidades académicas 118 y 119 (Escuela Normal) anunció a las familias de los alumnos que retomarán "los planes de evacuación previstos por cada nivel". Durante algunos días, la evacuación se realizó hacia los patios internos del establecimiento, a la espera de una revisión del edificio por parte de los especialistas. 

La Cámara de Comercio celebró el rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet

El rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet en los comercios fue celebrado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que planteó la necesidad de “asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”. 
En una nota enviada por la CAC al Centro de Comercio e Industria, sostiene que realizaron “gestiones ante múltiples organismos en favor de las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, que resultarían perjudicadas en caso de que dicha obligación se hubiera aprobado”. 

Para la CAC, “muchos de los pequeños comercios de la Provincia de Buenos Aires no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos vinculados con la operatoria de ventas con tarjeta de débito y/o crédito”. 
 Además, argumenta que “en el caso de las tarjetas de crédito, los plazos de pago a las empresas para las operaciones a pagar en cuotas por los consumidores se han extendido, en las principales emisoras, de 48 hs a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos)”, lo que significa “un esfuerzo de financiamiento difícil de superar para las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires”. 
Entre otras cuestiones, la nota enfatiza el apoyo de la CAC a “la transparencia y la formalización de las actividades productivas”, sostiene que “no es facultad del Estado exigir a las empresas utilizar mecanismos de pago que no sean la moneda de curso legal, y que es necesario asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”.