Martilleros sampedrinos promocionan los nuevos créditos hipotecarios y afirman que dinamizarán el mercado

La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro dio a conocer un comunicado de prensa en el que compartió "algunas de las inquietudes sobre las que se propone trabajar durante los próximos meses a la espera de que se concreten algunas de las reuniones solicitadas para no demorar la exposición sobre cuestiones muy importantes para la continuidad de los proyectos privados que están en marcha". Entre otros puntos, consideran que "ante la reducción o eliminación de la obra pública, la ejecución de proyectos privados aporta no solo mayores oportunidades para quienes deseen invertir en bienes durables, sino también para activar la oferta a favor de quienes están buscando viviendas para alquilar o comprar".

Silva sobre el bar de Mitre y Arnaldo: “Interviene la Fiscalía para precisar si fue delito o contravención”

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, Javier Silva, se refirió esta mañana a la polémica por el operativo desarrollado por personal municipal y de la Comisaría local en un restó bar ubicado en Mitre y Arnaldo. 
 Luego de que permaneciera abierto durante el resto del fin de semana, Silva sostuvo hoy, a través de APA Radio San Pedro, que “el viernes se procedió a la clausura, y avisamos al personal de la Fiscalía”.

 “Una vez labrada el acta por personal municipal y en momentos en que se procedía a la clausura, se hace presente la abogada del señor (por el dueño) e impide que se ponga la faja de clausura” explicó el funcionario sobre los motivos por los que el negocio permaneció abierto. 
Sin embargo, advirtió que se puso en conocimiento de la situación a la Fiscalía: “Va a tomar intervención personal de Fiscalía para determinar si es un delito o una contravención. A partir de eso se determinará si va a tomar cartas en el asunto el Juzgado de Paz o la Fiscalía”. 
 En su parecer, como abogado, lo sucedido es “un claro quebrantamiento de la ley 8031 en su artículo 16 que dice que a quien violenta una clausura, hay que imponerle el doble de la pena y para el responsable del comercio prevé un arresto de 60 días”.