Baradero: Destruyeron 70 caños de escapes no reglamentarios secuestrados

El intendente de Baradero Esteban Sanzio participó este jueves de la destrucción de 70 caños de escape no reglamentarios que fueron secuestrados por personal de Tránsito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Baradero.  Los caños de escape no homologados que fueron destruídos en la jornada de hoy habían sido secuestrados de motovehículos estacionados en la vía pública (en cumplimiento con la Ordenanza 4758/13) o bien en los operativos de control vehicular realizados en distintos puntos de la ciudad. En aquellos casos en que los conductores de los vehículos pudieron acreditar la propiedad sobre el mismo y colocarle el caño de escape original a la moto, la misma fue entregada, secuestrándose solo la pieza no original. 

El conflicto entre Indalar y el Puerto impidió que siguiera trabajando una máquina municipal

Una máquina municipal que realizaba arreglos en el camino costero que bordea el riacho Baradero, utilizado habitualmente como sector de pesca, fue impedida de seguir adelante con su tarea por la intervención de personal de seguridad contratado por la empresa Indalar.
Los vecinos se quejaron de que, luego del retiro de la máquina, quedó sobre el camino un montículo de tierra que dificulta el paso.

El episodio se enmarca en el conflicto que mantiene el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro con la empresa Indalar, por el dominio y posesión de los terrenos, que terminó con un juicio entre las partes.
Mariano Veiga, presidente del Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro, indicó que “la empresa Indalar puso gente armada” y que la Municipalidad de San Pedro “realiza habitualmente trabajos de mantenimiento en el camino que bordea la dársena de ultramar y que le permite pescar a turistas y sampedrinos, pero nunca habíamos tenido problemas”.
El titular del puerto dijo que le llamaba la atención “la gente armada en la vía pública prohíba la continuidad del normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de San Pedro”.

Veiga sostuvo que “la realidad es que esto es una medida de fuerza, arbitraria y que está en manos de la Justicia, porque estamos inhibidos de accionar, ni de entrar al predio, ni de hacer ningún tipo de gestión, pero esa misma gente que prohíbe ingresar a la máquina, permitió que se robaran todo el alambrado que puso el Consorcio”.