Baradero: Destruyeron 70 caños de escapes no reglamentarios secuestrados

El intendente de Baradero Esteban Sanzio participó este jueves de la destrucción de 70 caños de escape no reglamentarios que fueron secuestrados por personal de Tránsito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Baradero.  Los caños de escape no homologados que fueron destruídos en la jornada de hoy habían sido secuestrados de motovehículos estacionados en la vía pública (en cumplimiento con la Ordenanza 4758/13) o bien en los operativos de control vehicular realizados en distintos puntos de la ciudad. En aquellos casos en que los conductores de los vehículos pudieron acreditar la propiedad sobre el mismo y colocarle el caño de escape original a la moto, la misma fue entregada, secuestrándose solo la pieza no original. 

La Federación de Estibadores advirtió sobre un escenario de violencia sindical en puertos

Juan Corvalán (FEPA)
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA),que conduce Juan Corvalán, advirtió hoy sobre “un escenario de potenciales actos de violencia sindical en los puertos del país", y denunció que un sindicato afiliado a su federación, el SUPA Puerto Campana, fue víctima de “actos de violencia y amedrentamiento", por parte del sindicato SUPA Alto y Bajo Paraná, alineado a la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra).
La FEPA denunció ante el Ministerio de Trabajo que el pasado lunes 6 de febrero por la mañana en la zona de acceso a la terminal Euroamérica en el Puerto bonaerense de Campana se suscitaron hechos de violencia extrema donde un grupo sindical ajeno y sin representatividad gremial en dicho puerto amenazó y amedrantó incluso, con la utilización de armas de fuego, a trabajadores locales del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Puerto Campana.

En el operativo la policía local detuvo a siete ómnibus con más de 200 militantes identificados luego como agresores.
Corvalán destacó sobre los hechos que “La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos no va a tolerar el avasallamiento de las zonas de actuación de los distintos sindicatos SUPAs fuera de su zona de influencia, en ningún puerto del país. Esta vez no tuvimos que lamentar ni heridos ni muertos, pero si con lo que sucedió en Campana no aplicamos un freno a este tipo de métodos, repudiándolo pública y categóricamente, pueden repetirse los ataques contra nuestros sindicatos en puertos como San Antonio Oeste, Puerto Madryn y San Pedro por dar ejemplos, en una escalada de violencia”.
El dirigente responsabilizó al SUPA Alto y Bajo Paraná, y aseguró que "no poseen legitimidad jurídica para aludirse representantes de los estibadores del Puerto Campana en dicha zona". Sobre lo acontecido el sindicalista argumentó que “la violencia fue producto de tener la FEPA y sus sindicatos afiliados la exclusividad en la operatoria laboral de todos los puertos del país”.
"Iniciamos una etapa de reivindicar derechos arrebatados en los `90, y eso parece poner muy nervioso a varios. Hoy en una actitud cuasimafiosa y sin legitimidad, algunos grupos intentan imponerse a través de la violencia, al no estar respaldados legalmente. Jamás lograran asustarnos bajo estos cobardes métodos”, declaró el gremialista que representa a los trabajadores del puerto de Buenos Aires y Dock Sud también llamados "dockers".

Trabajo avaló a Fepa
Por su parte, el Ministerio de Trabajo de La Nación dio un aval completo a FEPA y al SUPA Puerto Campana en la audiencia llevada al efecto, donde ni Fempinra ni SUPA Alto y Bajo Paraná, pudieron demostrar las razones de la provocación como así tampoco argumentos validos que sostengan el conflicto que quisieron imponer en forma ilegal e ilegitima, asimismo se condenó los hechos de violencia y se desestimó toda acción por parte del SUPA Alto y Bajo Paraná. También Corvalán ratificó que intervendrá ante cualquier nuevo hecho que viole la legalidad de la representatividad de los estibadores portuarios que representan SUPA Y FEPA.
Finalmente, Corvalán, dirigente alineado en la CGT de Hugo Moyano, solicitó la intervención a los organismos competentes para evitar futuros hechos de violencia que atenten contra el derecho adquirido y la integridad física de los trabajadores.