En el marco del conflicto por el pedido de desalojo de la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, ubicada en San Martín al 580, los representantes legales de ambas partes brindaron sus posiciones y profundizaron la controversia que mantiene enfrentados al Ejecutivo local y a la organización gremial.
Desde la administración municipal, el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta, remarcó en declaraciones a La Radio 92.3 que no existe un vínculo jurídico formal que respalde la ocupación del inmueble por parte del gremio. "Sería un comodato de hecho, porque por escrito no tenemos ningún antecedente. Esto viene desde hace muchos años, con la antigua Federación de Municipales, en los años `70", sostuvo el letrado, tras precisar que el primer paso de la gestión fue "verificar las condiciones registrales" y confirmar que se trata de "un inmueble municipal".
Si bien la notificación oficial fundamenta el pedido de desalojo en la necesidad de disponer del edificio para fines institucionales, el funcionario no descartó que la propiedad pueda ser parte de un esquema de licitación o vinculada al proyecto de polo gastronómico previsto para la zona de la ex terminal de ómnibus.
Por su parte, la abogada del Sindicato de Trabajadores Municipales, Luciana Pavón Duarte, calificó la medida como una represalia política y sindical. "No es una acción que esperábamos, pero es un ataque más a todos los que vienen realizando a la asociación sindical que represento desde noviembre del año pasado cuando no depositaron las retenciones que vienen descontando mensualmente", denunció la profesional.
Para la representante gremial, la decisión guarda relación directa con el plan de lucha que el sector viene manteniendo. "No es casualidad que las medidas de fuerza que se llevaron a cabo en noviembre y diciembre tuvieron como consecuencia que decidieron dejar de realizar los depósitos que corresponden a cuotas sindicales y códigos de descuento", señaló Pavón Duarte, quien además cuestionó el manejo de los fondos públicos.
"Me hubiera gustado que explicaran dónde está la plata retenida de los trabajadores, y qué destino tuvo. En respuesta de esto mandan una carta documento en donde intiman a una entidad sindical que siempre funcionó en la misma sede desde el año 70. Hace más de cincuenta años", enfatizó la abogada. Asimismo, recordó que "el inmueble fue construido con mano de obra de los trabajadores municipales y para que funcionara el gremio".
La letrada adelantó que según los registros del sindicato, el Municipio mantiene una deuda de aproximadamente 180 millones de pesos en concepto de cuotas sindicales, convenios con proveedores y anticipos de haberes que no fueron girados a la entidad. El reclamo por esa situación llegará a tribunales para encontrar una resolución a un tema que, entiende el gremio, es el origen de la actual intimación de desalojo.
