El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Según el Ministerio de Justicia, esas oficinas "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos.
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