El ENRE inició el proceso para un nuevo aumento del transporte de energía

A través de la Resolución 223/24, el ENRE comenzó el proceso para revisar (y actualizar) las tarifas del transporte de energía eléctrica en todo el país. Esto culminará con un incremento en la factura final que pagan los usuarios aunque no se puede saber de cuánto hasta que no esté determinado el aumento. En la audiencia pública de fines de enero, el director de la empresa que brinda este servicio en la provincia de Buenos Aires (TRANSBA), Pablo Tarca, propuso un aumento del 207 por ciento y una cláusula de ajuste mensual. Al exponer, el ejecutivo sostuvo que el servicio de transporte de energía eléctrica representa a solo el 1,5 por ciento del precio final de las tarifas por lo que el usuario no se vería afectado.

Silva: “Con esta situación, la cooperativa no dura más de 45 días”

El tesorero de la COOPSER, Oscar Silva, dijo hoy a “Equipo de Radio” que si se mantiene la resolución del Juez Arias que congeló las tarifas, “es imposible que la cooperativa dure más de 45 días”. 
Aunque sostuvo que “no va a cerrar, porque alguien va a tener que distribuir la energía eléctrica”, dejó en claro que es necesario que, en forma urgente, se adopten medidas que impidan la caída de la economía de la cooperativa. 

 Silva se refirió a las posibles medidas para mitigar el impacto sobre la COOPSER y sobre los asociados: “Esta situación se genera por un cambio político. El gobierno anterior, a los efectos de que el asociado no saque más dinero de su bolsillo, la mantuvo con subsidios por medidor o por el plan de convergencia nacional. Eso eran aproximadamente 5.800.000 pesos por mes. Ese dinero no lo tiene más la cooperativa. A su vez el valor al que compramos la energía se nos fue de 1 millón a 3 por mes”. 
Para el directivo, “la única solución para que se pueda proseguir en estas condiciones es ver de dónde salen esos 8 millones de pesos, y para beneficio de COOPSER y los asociados es que los ponga el gobierno, algo que no se va a dar”. 
 Finalmente, reiteró que “no es la cooperativa la que fija el valor del kilovatio, que es el mismo para Baradero, San Pedro, Ramallo y las otras ciudades de la zona norte” y que “tampoco dependen de nosotros las resoluciones judiciales”.