A través de la resolución 1515 del gobierno provincial, se dispuso restringir la portación legítima de armas del personal de las fuerzas de seguridad denunciado por violencia de género.
La disposición se enmarca en la Ley de Protección Integral de la Mujer.
Las jefaturas de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán adecuar normas y procedimientos para que el personal denunciado por violencia de género retire su arma de dotación al iniciar la jornada laboral y la entregue al finalizar su horario.
En los casos en que la índole de las funciones, la situación operacional y/o la modalidad de cumplimiento de servicios del personal denunciado no permita cumplir con el retiro y entrega del arma, se deberá restringir completamente la portación, tenencia y transporte del arma de dotación.
La reglamentación se enmarca dentro de las medidas preventivas urgentes que prevé la ley de protección integral, las cuales operan ante la sola denuncia y pueden extenderse hasta tanto haya una sentencia condenatoria o absolutoria.
